La filtración de la nómina del personal de confianza del ayuntamiento
de Xalapa, revelada ayer en una página de internet en la que aparecían
elevadísimas remuneraciones para la presidenta municipal Elizabeth
Morales (300 mil al mes), ediles y principales colaboradores –tachada de
falsa en comunicado oficial del municipio–, desemboca al menos con dos
asuntos relacionados: el golpeteo político a la alcaldesa y la
regulación y control precarios de los salarios de los servidores
públicos.
A pocos días de que el gobierno municipal anunció que aplicaría
reducciones salariales al cuerpo edilicio y mandos medios y superiores
de la administración, en adhesión a la política de austeridad del
gobernador Javier Duarte, es evidente que el objetivo de la filtración
era hacerla quedar mal ante la opinión pública, mostrar la austeridad de
dientes para afuera en el ayuntamiento xalapeño. Se habrían bajado el
sueldo, pero emparejado con creces en el bono o compensación.
El documento, la pretendida base de datos, si bien carece de sellos
oficiales y ninguna firma, contiene una extensa lista de personas,
incluidos sus registros de personal o clave, sueldo y bono, que se sabe,
muchos de ellos, sí laboran en el Ayuntamiento, así que de ser
apócrifa, como arguyó el director de Egresos, ofreciendo hacer pública
la auténtica, tiene la traza del documento cuidadosamente preparado para
dar la apariencia de veracidad. La maquinación, indicativa de
organización y recursos, para extraer la información y adulterarla (si
es como dice el ayuntamiento), y generar revuelo mediático con
reporteros de distintos medios, lleva el sello, este sí, del golpeteo
político.
Recibe el toque Elizabeth Morales no por casualidad, sino como parte
del combate al que se ha lanzado en su carrera política. Jala la marca
con su personalidad mediática y la abierta proyección de ambiciones de
escalar posiciones políticas en el corto plazo, aunque legítimas,
inevitablemente se enfrentan a otros intereses y personajes, a grupos
con poder para tratar de meterle zancadillas, sin miramientos de que es
una dama. La guerra sucia o propaganda negra no distingue sexos. De
sobra debe saber en lo que anda metida, y quizá de donde viene el tiro,
como para no asimilar el golpe.
En la secuela de aclaraciones y desmentidos, sería conveniente que
el Ayuntamiento haga pública su nómina, en su portal de internet, tal y
como está obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información.
Exhortados
El gobernador Javier Duarte evitó calificar la información sobre la
nómina del ayuntamiento de Xalapa y derivó a sus representantes la
responsabilidad de aclararlo: «Espero que el ayuntamiento pueda aclarar
esas circunstancias cuanto antes. Yo esperaré el comunicado del propio
ayuntamiento para poder tener una opinión y no basarme en un anónimo».
Con todo no dejó pasar la ocasión para remachar sobre la austeridad y
reiterar el exhorto a los ayuntamientos, para todos, dijo, aunque
reconoció que «en uso de su autonomía están en su derecho y libertad de
aceparlo».
Regulación de sueldos
La medianía juarista en que debe vivir el servidor público,
únicamente de su salario, no es muy creíble en nuestro país, y visto el
estilo de vida de la alta burocracia y las enormes fortunas que amasan,
abona la sospecha popular de que no viven de su sueldo o que éste no es
el que dicen que ganan.
Como formalmente vivimos en una democracia, los servidores públicos
son administradores del patrimonio colectivo y están obligados a
sujetarse a las leyes y a rendir cuentas a la sociedad por el uso de los
recursos de que disponen para el cumplimiento de sus atribuciones.
El combate a la corrupción, demandada por la sociedad, ha generado,
entre otras disposiciones legales, las relativas a la fijación de topes
máximos en las remuneraciones de servidores públicos, así como controles
de su evolución patrimonial, obligaciones de transparencia y la
fiscalización por entidades públicas presuntamente autónomas.
En los últimos años se han incorporado a las constituciones reglas
para los niveles de sueldo. La federal dispone ya que los servidores
públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser
proporcional a sus responsabilidades. Define remuneración como toda
percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos,
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones o
compensaciones. Asimismo impone que ninguno podrá recibir una
remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República
en el presupuesto correspondiente. (Este año el presidente tiene un
sueldo de 198 mil 870 pesos mensuales). Salvo las excepciones de los
ministros de la Corte, que alegaron que ya estaban nombrados cuando se
aprobó esa reforma constitucional (en agosto de 2009), y que no podía
aplicárseles de manera retroactiva, argumento retomado por los
magistrados del Poder Judicial de Veracruz, respecto al Gobernador del
Estado, que tiene un sueldo en el presupuesto para este año de 74 mil
313 pesos netos de impuestos y deducciones.
Sueltos los municipios
La Constitución de Veracruz, reformada en octubre de 2010, adoptó el
modelo federal para colocar la remuneración del Gobernador como máxima y
sometió a los municipios a esta disposición. Pero va para atrás. No
obstante que aún es vigente en Veracruz el tope máximo del sueldo de
Gobernador y le sería aplicable a los ayuntamientos, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en enero pasado resolvió la inconstitucionalidad
de una ley con el contenido similar en una controversia en el estado de
Tamaulipas. Aunque allá el Congreso intentó establecer un tabulador de
sueldos para ediles proporcional a la población gobernada, el
razonamiento de la Corte estimó que las limitaciones de sueldos a
funcionarios de ayuntamientos constituía «un atentado a la autonomía
municipal». En cambio sostuvieron que sí había algún límite
constitucional este era que «ningún funcionario del país podrá ganar más
que el jefe del Ejecutivo federal». Bendijeron seis ministros la
libertad hacendaria de los municipios, aun a riesgo de la arbitrariedad y
abusos. El argumento perdedor, dos ministros, sostenía la
proporcionalidad de acuerdo a las responsabilidades y el principio de
racionalidad del gasto y la determinación de salarios, como fundamento
de la posibilidad de las legislaturas locales de establecer límites
generales, abstractos e impersonales, en cuanto a remuneración de
servidores públicos municipales.
En la dirección marcada por la Suprema Corte va la reforma al
artículo 82 recién aprobado, en su primera etapa. Se reitera la
jerarquía del sueldo del Presidente de la República, pero el tope del
sueldo de Gobernador del Estado queda limitado a la esfera del
Ejecutivo. «Ningún servidor público de la administración publica (sic)
estatal podrá recibir remuneración mayor a la del Gobernador del
Estado». Van quedando sueltos los municipios (y también el Poder
Judicial). Habrá que meterles otros controles, para que no se devoren el
presupuesto en sueldazos.
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